El desastre de Aznalcóllar: el
riesgo se duplica 20 años después
Los cinco principales
grupos ecologistas del país advierten del peligro de que se repita el desastre
que casi acaba con el parque de Doñana
¿Podría repetirse, 20 años después, el mayor desastre ambiental que ha
sufrido España, junto al del Prestige, en su historia más reciente? Justo hace
20 años, un 25 de abril de 1998, un estruendo sacudía la tierra en la comarca
de Aznalcóllar, en Sevilla, y un río de barro tóxico empezó a fluir desde la
balsa en la que se almacenaban los residuos de la mina contaminando con
arsénico, plomo y mercurio todo lo que encontraba a su paso. La lengua de
veneno cubrió 62 kilómetros a lo largo del
cauce del río Guadiamar y se quedó a las puertas mismas del parque de Doñana en
la que fue, sin duda, la amenaza más seria a
la que se ha enfrentado nunca.
Dos décadas después, las cinco organizaciones
conservacionistas más importantes del país -Greenpeace,
SEO/Birdlife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra- han respondido
con rotundidad a la pregunta de más arriba lanzando una seria advertencia:el
vertido de Aznalcóllar, que costó 250 millones al erario público, podría
repetirse hoy mismo no una, sino dos veces.
El primer escenario de alarma es la misma mina de Aznalcóllar,
que la Junta de Andalucía pretende que se reabra en unos años y cuya
explotación ha adjudicado a una filial de la multinacional Grupo México, con
un historial negro tras
provocar el mayor desastre ecológico de México, el del río Sonora.
Y el segundo está en otra mina histórica, la de Riotinto, en Huelva, cuya actividad se retomó hace unos
años y en la que, al igual que sucede en Aznalcóllar, se acumulan toneladas de
residuos altamente peligrosos en condiciones que, según estas organizaciones
ecologistas, no son las más idóneas.
«Aznalcóllar se podría repetir» si se reabre la mina, sostiene Juan Carlos
del Olmo, secretario general de WWF, quien recuerda cómo entonces se desoyeron
todos los avisos.
Ahora, pasadas dos décadas, el gobierno andaluz ha dado la concesión del
yacimiento de forma «claramente irregular» y
sin garantías. Para empezar, según señala el coordinador de Ecologistas en
Acción, Francisco Segura, porque ha adjudicado la mina sin estudio de impacto
ambiental, sin autorización ambiental unificada y sin un plan de restauración.
Por no hablar del proceso penal en el
que está envuelta la mina ante las sospechas de irregularidades en el concurso
por el que fue adjudicada.
El nuevo proyecto de Aznalcóllar, a juicio de los conservacionistas -que
van a pedir a la Junta que revise esa concesión-, no resuelve algunos de los
problemas que tenía la vieja mina y supone una amenaza
real, por ejemplo, sobre el dominio público hidráulico, sobre el
Guadiamar y los arroyos que lo rodean.
Un ejemplo de ello es, denunció el coordinador de Ecologistas en Acción, la
petición de la nueva titular de la mina, Minera Los Frailes -propiedad de Grupo
México casi al cien por cien- de verter 14 hectómetros cúbicos de
aguas ácidas, el doble de lo que se derramó en el accidente de 1998.
La otra gran catástrofe ambiental en ciernes la sitúan los ecologistas en
Minas de Riotinto, en Huelva. Allí, la empresa Atalaya
Riotinto Minera explota uno de los yacimientos más antiguos de
la Península y almacenan los residuos en balsas que rebosan sustancias tóxicas.
Lo mismo que en Aznalcóllar.
En dos de esas balsas, señala Francisco Segura, se están guardando lodos tóxicos con un contenido líquido del 70%,
cuando los permisos y la normativa obligan a espesarlos por debajo del 50%.
Tal cantidad de agua, unida a las lluvias que últimamente han caído en
abundancia en la zona, constituye un serio peligro para
la integridad de estos embalses.
La balsa minera de Aznalcóllar, tras su rotura el 25 de abril de 1998.
De hecho, recuerda Segura, éste fue uno de los factores que contribuyeron
decisivamente a que el muro de contención de
Aznalcóllar se derrumbase, literalmente, hoy hace 20 años.
«La Junta lo sabe», critica, y llegó a paralizar la mina tres semanas, al
cabo de las cuales se permitió reanudar la actividad en las mismas condiciones.
Por cierto que quien lo autorizó fue la misma directora de Minas que adjudicó
Aznalcóllar y hoy está imputada, María José Asensio.
«No somos catastrofistas», proclama Asunción
Ruiz, de SEO Birdlife, pero, añade, el desastre «puede repetirse».
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